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ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE MUNICIPIOS EXIGIMOS AL PRESIDENTE MILEI UNA URGENTE CORRECCIÓN DEL RUMBO ECONÓMICO ANTE LA ALARMANTE SITUACIÓN SOCIAL DEL PAÍS.

Más de 500 intendentas e intendentes de todo el país, reunidos en la Federación Argentina de Municipios (FAM), nos expresamos en representación de nuestros vecinos y vecinas .

Desde el primer mostrador de la democracia: la puerta del municipio, el pasillo de la escuela, la sala de salud, los productores del campo o el mostrador de la pyme local. 

El pueblo nos eligió y a él respondemos. Esta posición es inalterable.

Exigimos que el presidente Javier Milei corrija el rumbo económico de manera urgente porque está dejando a millones de argentinos sin lo básico.

Desde nuestra experiencia diaria, una vez más, advertimos al Gobierno Nacional sobre la extrema gravedad de estas cuestiones prioritarias. Miles de vecinos llegan a los municipios con una misma preocupación: cómo llegar a fin de mes. 

Los precios suben, el trabajo se recorta y los derechos se pierden. Municipios y provincias hacemos el máximo esfuerzo, pero la emergencia ya se volvió permanente.

No hablamos de números abstractos: Es cada jubilado que debe elegir entre el remedio y la comida, cada joven que teme no poder seguir estudiando, cada familia con un hijo con discapacidad en desesperación por perder sus prestaciones y cada productor que ya no puede sostener su chacra.

• Las economías regionales, el corazón productivo del país: Argentina no se sostiene sólo con lo que se produce en las grandes ciudades, se sostiene con la producción de cada región del interior que aporta producción, trabajo y arraigo, a través de pequeños y medianos productores, cooperativas y pymes que sostienen comunidades en todo el territorio nacional.

Para ello necesitan consumo interno, crédito, infraestructura y un Estado que acompañe. Hoy enfrentan lo contrario: actividad en retroceso, obras paralizadas y beneficios para unos pocos.

El ejemplo más claro fueron las retenciones al campo: la baja duró apenas 72 horas y el beneficio quedó en manos de grandes empresas exportadoras. Los pequeños y medianos productores, que sostienen la producción en cada región, quedaron afuera, cuando una política federal debería empezar por ellos.

• Rutas y obra pública: sin caminos no hay desarrollo. La paralización de la obra pública nacional golpea directamente a las economías locales. Una ruta en mal estado encarece el transporte, aísla pueblos enteros, reduce el turismo y aumenta la cantidad de muertes por accidentes de tránsito.

Provincias y municipios quedamos aislados, sin infraestructura en corredores clave para producir, comerciar y llegar a tiempo a un hospital. La obra pública es fundamental para que la Argentina pueda crecer.

• Trabajo y consumo: pymes y empleo en riesgo: Vemos caer el poder de compra, que afecta directamente al comercio, a las pymes y al empleo. Es una cadena que sigue creciendo y cada día son más persianas que se cierran en cada ciudad.

Mientras, la Nación subsidia a empresas multinacionales por montos que equivalen a gran parte del PBI. Pedimos invertir esas prioridades, volver el centro a quienes más lo necesitan.

• Nuestros jubilados: una deuda de dignidad: después de toda una vida de trabajo, hoy luchan por subsistir. Cada recorte significa menos comida en la mesa y tratamientos de salud postergados.

Los Municipios vemos la desesperanza en los centros de jubilados y la creciente demanda de asistencia en nuestras oficinas. Exigimos contar con los recursos necesarios para darles una respuesta. Los alimentos no deben acumularse hasta su vencimiento en depósitos que administra el gobierno nacional desde que decidieron dejar de enviarlos a sus canales naturales, los comedores a los que acuden miles y miles de necesitados. No queremos que Argentina tenga jubilados o niños desnutridos.

• Salud: lo que se recorta hoy, se paga con vidas mañana: el Gobierno redujo el presupuesto sanitario, los medicamentos gratuitos y los planes de vacunación, dejando a 20 millones de argentinos sin acceso a sus remedios. También se debilita la atención de la salud mental, mientras los intentos de suicidio constituyen un problema creciente de salud pública, con especial impacto entre adolescentes y jóvenes. Desfinanciar la salud no ahorra: traslada el costo a las familias y a los sistemas de salud locales, que ya están al límite.

• Discapacidad: derechos, no privilegios: las políticas actuales dejan sin cober-

tura a millones de personas mientras benefician a un sector de la llamada patria 

contratista. Demandamos un sistema que ponga en el centro a las personas y 

sus familias, con prestaciones garantizadas en todo el territorio nacional.

• Educación: sin escuela y universidad pública no hay futuro: los municipios 

perdimos alrededor del 80% de los fondos educativos que recibíamos hasta fines 

de 2023. Al mismo tiempo, el ajuste a las universidades nacionales pone en riesgo 

su funcionamiento y el acceso de millones de estudiantes.

La universidad pública, la ciencia y la tecnología son vías de ascenso social y la 

base de un país con profesionales capacitados. Sin universidades públicas fuertes, 

seremos un país sin futuro.

• Endeudamiento: vivir a crédito no es llegar a fin de mes: cada vez son más 

las y los vecinos que recurren al crédito sin regulación, para sostener gastos 

cotidianos esenciales. Y lo que es aún más alarmante: entre los jóvenes esto 

se convierte en una barrera para proyectar un futuro. No existe el desarrollo 

cuando una parte creciente de los ingresos se destina a pagar deudas.

• Federalismo: los recursos, en términos reales, se achican.

La reducción fue generalizada: todas las jurisdicciones registraron pérdidas reales 

y 14 provincias, y en consecuencia sus municipios, tuvieron retrocesos superiores 

al promedio nacional.

En 2025, los recursos coparticipables y discrecionales transferidos a las provincias, 

y por ende a municipios, fueron 36,7% menores a lo proyectado. Además, se man-

tiene la pérdida del 80% de los fondos educativos que recibíamos hasta fines de 

2023.

En consecuencia, los gobiernos locales reciben menos recursos mientras deben 

atender más demandas a casusa de la crisis desatada por el gobierno de Milei.

El Presupuesto se negocia en el Congreso sin debate colectivo y las provincias y 

municipios somos desoídos de manera cotidiana.

• Deuda y soberanía: nos alarma que la política económica se base en un endeu-

damiento enorme, tomado sin participación del Parlamento. No lo pagarán quie-

nes lo contrajeron, sino nuestros hijos y nietos, mientras el dinero no llega a 

la gente y circula por la especulación financiera.

Exigimos transparencia y debate en el Congreso antes de seguir comprometiendo 

la soberanía del país, la defensa de nuestras Islas Malvinas y la

protección de nuestro territorio frente al intento de extranje-

rización de tierras y recursos estratégicos.

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