El hecho, comunicado a la CNV como "Hecho Relevante", no es más que la foto de un proceso que merece un análisis político crítico sobre el rol del Estado y el destino de una empresa estratégica. La aprobación de estos dividendos responde a una lógica empresarial clara, pero también a una estructura de poder que se beneficia directamente. La decisión de desafectar las reservas destinadas al pago de futuros dividendos y distribuirlas en efectivo muestra una gestión orientada a maximizar el retorno al accionista privado, en lugar de, por ejemplo, priorizar inversiones en la propia red de transmisión.

Este reparto de dividendos adquiere una dimensión aún más crítica cuando se lo coloca en el contexto de la reciente privatización de la empresa. El gobierno de Milei concretó la venta de la participación estatal en Transener, la operadora del 85% de la red troncal eléctrica argentina, por unos 356 millones de dólares. La Resolución 364/26 fijó el precio base en USD 206,2 millones por el 26% de Transener, en tanto a ese momento su capitalización de mercado supera los USD 1.300 millones. La venta quedó en manos de un grupo conformado por Edison Transmisión (grupo Neuss) y Genneia. Es aquí donde el reparto de dividendos adquiere un tinte político ineludible. El Estado vendió su participación por una suma fija. Al hacerlo, se desprendió de un activo que tiene la capacidad de generar flujos de caja millonarios para sus accionistas. El nuevo dueño, no solo adquiere la infraestructura crítica, sino que también se asegura un flujo de ingresos futuros, del cual este dividendo es un ejemplo elocuente.

La combinación de la privatización y el posterior reparto de dividendos plantea serias preguntas. El Estado se deshizo de una participación en una empresa que controla una infraestructura esencial como la red de alta tensión, que es un cuello de botella y un pilar para el desarrollo productivo del país. La empresa demuestra su capacidad de generar ganancias y distribuirlas. El Estado ya no participa de ese flujo, que podría haber utilizado para financiar inversiones o reducir el déficit fiscal.

El argumento oficial para la venta fue la modernización y la eficiencia. Sin embargo, la rápida distribución de ganancias, a los pocos meses de concretada la venta, sugiere que el negocio principal no era necesariamente mejorar el servicio eléctrico, sino asegurar una jugosa rentabilidad para un grupo económico concentrado. En definitiva, el reparto de 209 mil millones de pesos de Transener no es un hecho técnico ni un "hecho relevante" menor. Es la evidencia de cómo se consuma un proceso de transferencia de recursos de la esfera pública a la privada, donde el Estado vende barato y el capital privado se asegura una renta perpetua sobre la base de una infraestructura que fue construida y sostenida históricamente con fondos de todos los argentinos.

TRANSPORTE ELECTRICO: LA CLAVE DE LAS TARIFAS